A pesar de largo camino que aún nos queda para entrar al club de los países más desarrollados, las dinámicas de la competencia electoral observada desde el retorno a la democracia en Chile, se están asemejando más y más a los procesos eleccionarios de las democracias occidentales avanzadas y estables.
Este fenómeno se podría explicar tanto en la “actitud sumisa” que grandes sectores de la sociedad chilena asumieron después del trágico desenlace que la polarización ideológica tuvo para la convivencia nacional, como en la admisión (en los hechos) de la inviabilidad que la alternativa socialista ortodoxa demostró tener entre sus propios “beneficiarios” en el mundo.
Las dinámicas que se desencadenen con la competencia política electoral en el Chile de hoy, debieran estar, por lo tanto, cada vez menos sujetas a lo emocional, a la retórica ofensiva y promesas desproporcionadas e irresponsables.
Este es el caso, porque un país que está paulatinamente zafándose de lealtades partidistas a priori, indudablemente, se encuentra en mejores condiciones de impedir que su clase política evada cumplir con un requerimiento básico de responsabilidad con el bienestar de la gente, y que es el promocionar la cohesión social entre todoslos ciudadanos.
Para algunos, la consecución de estos ideales se contrapondría con un avance resuelto en temas que implican un tratamiento más urgente y decidido (e inevitablemente más confrontacional en el plano social) como son una distribución más justa de la riqueza que genera el país.
Aún cuando este argumento es respetable (e igualmente discutible) las ventajas para la sociedad chilena que una competencia electoral menos ideologizada representa, son, en mi opinión, de igual o más importancia.
Por urgente que sean los desafíos sociales de un país, la experiencia en la región y el mundo ha demostrado, una y otra vez, que es muy contraproducente para una nación intentar corregir desigualdades históricas por medio de la imposición de políticas económicas radicales y resistidas, que inevitablemente corroen el grado de cohesión social mínimo que toda sociedad necesita para seguir compitiendo y progresando en el actual orden mundial.
Lo anterior no supone desconocer la presencia de un impedimento tan determinante para el logro de un desarrollo real, como es la existencia de un segmento de la población en condición de pobreza inaceptable.
Simplemente implica reconocer la existencia de un gran mal que debe ser abordado con el máximo de sensibilidad, pero sin olvidar la mantención del orden del que todos dependemos para seguir proyectando la preciada y poco usual credibilidad que una economía emergente (y latinoamericana) como la chilena, ha logrado alcanzar.
Los problemas de desigualdad y extrema pobreza también lo han experimentado los países más desarrollados del mundo en un momento de su historia.
En el caso de los países escandinavos, por ejemplo, el tratamiento que todos los actores políticos le dieron al tema de la (extrema) pobreza, es notable.
Un amplio diálogo social, generado a partir del reconocimiento mutuo de obligaciones y deberes, tanto legales como morales, se impuso por sobre la tentación de imponer soluciones cortoplacistas, confrontacionales y, a la larga, insostenibles.
En este desarrollo, fue fundamental un proceso de persuasión basado, primeramente, en un cambio sustancial de actitud y lenguaje entre sus promotores, al momento de tratar todos los temas que se interconectaban con la creación de un sistema más justo y solidario.
Lo más relevante es que la construcción de un sistema social menos excluyente en esta parte del mundo, fue un proyecto de autoría nacional, impulsado a partir de una reflexión profunda de los desafíos que países pequeños y vulnerables (como también lo es el nuestro) enfrentaban en un vecindario desolado por la lucha de clases y la amenaza expansionista.Si observamos y reflexionamos a partir de nuestra propia experiencia, en Chile, no debiera ser descabellado imaginar que actores políticos y sociales entiendan que un amplio diálogo social necesariamente implica admitir un cambio radical de la retórica, especialmente, cuando el electorado chileno ya se ha desmarcado (y cansado) de los discursos apasionados y divisorios.
Una condición mínima para promover acuerdos entre quienes, en distintos frentes, tienen los medios de facilitar el curso del país en dirección al desarrollo requiere, entonces, cambiar el trato del adversario, o al que no siéndolo, discrepa en algún momento.
La vigencia de expresiones extremas y ofensivas en contra de la clase empresarial, el trato de “traidor” en contra de quienes cambian de opinión o se distancian de un partido, o el trato de “rojos ateos” o “fascistas” entre quienes están en frentes opuestos, es muy dañina para la promoción de un diálogo nacional respecto de temas sociales pendientes de gran relevancia para el país.
Frente a esta lamentable realidad, es de esperar que el nuevo y creciente electorado moderado y crítico en Chile, se preocupe, de una vez por todas, de “obligar a renovarse” a quienes insisten en sacar partido a un lenguaje de odio e intolerancia.
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Bachelet Chile“>Carlos Salas L
Este fenómeno se podría explicar tanto en la “actitud sumisa” que grandes sectores de la sociedad chilena asumieron después del trágico desenlace que la polarización ideológica tuvo para la convivencia nacional, como en la admisión (en los hechos) de la inviabilidad que la alternativa socialista ortodoxa demostró tener entre sus propios “beneficiarios” en el mundo.
Las dinámicas que se desencadenen con la competencia política electoral en el Chile de hoy, debieran estar, por lo tanto, cada vez menos sujetas a lo emocional, a la retórica ofensiva y promesas desproporcionadas e irresponsables.
Este es el caso, porque un país que está paulatinamente zafándose de lealtades partidistas a priori, indudablemente, se encuentra en mejores condiciones de impedir que su clase política evada cumplir con un requerimiento básico de responsabilidad con el bienestar de la gente, y que es el promocionar la cohesión social entre todoslos ciudadanos.
Para algunos, la consecución de estos ideales se contrapondría con un avance resuelto en temas que implican un tratamiento más urgente y decidido (e inevitablemente más confrontacional en el plano social) como son una distribución más justa de la riqueza que genera el país.
Aún cuando este argumento es respetable (e igualmente discutible) las ventajas para la sociedad chilena que una competencia electoral menos ideologizada representa, son, en mi opinión, de igual o más importancia.
Por urgente que sean los desafíos sociales de un país, la experiencia en la región y el mundo ha demostrado, una y otra vez, que es muy contraproducente para una nación intentar corregir desigualdades históricas por medio de la imposición de políticas económicas radicales y resistidas, que inevitablemente corroen el grado de cohesión social mínimo que toda sociedad necesita para seguir compitiendo y progresando en el actual orden mundial.
Lo anterior no supone desconocer la presencia de un impedimento tan determinante para el logro de un desarrollo real, como es la existencia de un segmento de la población en condición de pobreza inaceptable.
Simplemente implica reconocer la existencia de un gran mal que debe ser abordado con el máximo de sensibilidad, pero sin olvidar la mantención del orden del que todos dependemos para seguir proyectando la preciada y poco usual credibilidad que una economía emergente (y latinoamericana) como la chilena, ha logrado alcanzar.
Los problemas de desigualdad y extrema pobreza también lo han experimentado los países más desarrollados del mundo en un momento de su historia.
En el caso de los países escandinavos, por ejemplo, el tratamiento que todos los actores políticos le dieron al tema de la (extrema) pobreza, es notable.
Un amplio diálogo social, generado a partir del reconocimiento mutuo de obligaciones y deberes, tanto legales como morales, se impuso por sobre la tentación de imponer soluciones cortoplacistas, confrontacionales y, a la larga, insostenibles.
En este desarrollo, fue fundamental un proceso de persuasión basado, primeramente, en un cambio sustancial de actitud y lenguaje entre sus promotores, al momento de tratar todos los temas que se interconectaban con la creación de un sistema más justo y solidario.
Lo más relevante es que la construcción de un sistema social menos excluyente en esta parte del mundo, fue un proyecto de autoría nacional, impulsado a partir de una reflexión profunda de los desafíos que países pequeños y vulnerables (como también lo es el nuestro) enfrentaban en un vecindario desolado por la lucha de clases y la amenaza expansionista.Si observamos y reflexionamos a partir de nuestra propia experiencia, en Chile, no debiera ser descabellado imaginar que actores políticos y sociales entiendan que un amplio diálogo social necesariamente implica admitir un cambio radical de la retórica, especialmente, cuando el electorado chileno ya se ha desmarcado (y cansado) de los discursos apasionados y divisorios.
Una condición mínima para promover acuerdos entre quienes, en distintos frentes, tienen los medios de facilitar el curso del país en dirección al desarrollo requiere, entonces, cambiar el trato del adversario, o al que no siéndolo, discrepa en algún momento.
La vigencia de expresiones extremas y ofensivas en contra de la clase empresarial, el trato de “traidor” en contra de quienes cambian de opinión o se distancian de un partido, o el trato de “rojos ateos” o “fascistas” entre quienes están en frentes opuestos, es muy dañina para la promoción de un diálogo nacional respecto de temas sociales pendientes de gran relevancia para el país.
Frente a esta lamentable realidad, es de esperar que el nuevo y creciente electorado moderado y crítico en Chile, se preocupe, de una vez por todas, de “obligar a renovarse” a quienes insisten en sacar partido a un lenguaje de odio e intolerancia.
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Bachelet Chile“>Carlos Salas L
